Jurisprudencia comentada

Recargo de prestaciones por vulnerar los derechos en prevención de los trabajadores

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 25 de noviembre de 2005 (que confirma la de instancia), determina el recargo de prestaciones del 30 por ciento por vulneración de derechos de los trabajadores en materia preventiva, al haberse infringido los artículos 14, 17, 19 y 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.
Juan Pedro Huertas González, Abogado de AGM ABOGADOS
Gestión Práctica de Riesgos Laborales, N.º 28, Junio 2006, Editorial ESPECIAL DIRECTIVOS

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La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 25 de noviembre de 2005 (que confirma la de instancia), determina el recargo de prestaciones del 30 por ciento por vulneración de derechos de los trabajadores en materia preventiva, al haberse infringido los artículos 14, 17, 19 y 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.

Señala la sentencia que procede el recargo al no haberse formado al trabajador accidentado y no haberle proporcionado elementos de protección que evitaran o aminoraran el riesgo, conforme a la normativa vigente y las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de equipos de protección individual (EPI's) y el uso por los trabajadores de los equipos de trabajo, todo ello con independencia de que el accidente sufrido se produjese existiendo imprudencia por parte del trabajador.

A tal efecto, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya -siguiendo los criterios de la sentencia del Tribunal Supremo, entre otras la del 8 de octubre de 2001- señala que "la finalidad del recargo en una sociedad en la que se mantienen unos altos índices de siniestralidad laboral es la de evitar accidentes de trabajo originados por infracciones empresariales de la normativa de los riesgos laborales imputables al empresario infractor, que de haber adoptado previamente las oportunas medidas pudiera haber evitado el evento dañoso acaecido a los trabajadores".

Según reiterada jurisprudencia, la mera existencia de un accidente no implica necesariamente la imposición de un recargo; asimismo, procede el recargo de prestaciones cuando el accidente deriva de omisión de medidas de seguridad e higiene, exigiéndose, por tanto, la existencia de nexo causal adecuado entre el siniestro del que trae causa el resultado lesivo para el trabajador y la conducta pasiva del empleador, consistente en omitir aquellas medidas de seguridad impuestas por normas reglamentarias, excluyéndose la responsabilidad empresarial cuando la producción del evento acontece de manera fortuita, de forma imprevista o imprevisible, sin constancia diáfana del incumplimiento por parte del empleador de alguna norma de prevención.

No obstante, según la doctrina expresada por diversas sentencias del Tribunal Supremo dictadas en unificación de doctrina, la vulneración de las normas de seguridad en el trabajo merece un enjuiciamiento riguroso tras la promulgación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Esta ley, en su artículo 14.2 -en la actualidad, modificado por la Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales- establece que "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo".

Asimismo, en el apartado 4 del artículo 15 señala que "la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador". Finalmente, el artículo 17.1 indica que "el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores".

Del juego de estos tres preceptos se deduce que el deber de protección del empresario es incondicionado y prácticamente ilimitado, debiéndose adoptar las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran, y dispensar esa protección aun en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador.

Con formación, a pesar de la experiencia

De este modo, la empresa debe asegurarse de que el trabajador posea la formación teórica y práctica en materia preventiva necesaria para el puesto a desempeñar, tanto en el momento de su contratación, como cuando se produzcan cambios, no siendo causa de exclusión de responsabilidad empresarial la dilatada experiencia del trabajador.

Es exigible, por tanto, al empresario, el cuidado y cumplimiento de normas de seguridad, debiendo organizar el trabajo en la forma más adecuada a la integridad física y salud del empleado, incurriendo en responsabilidad por recargo de prestaciones, salvo que pruebe haber adoptado las medidas exigibles a la actividad desempeñada y haber instruido al trabajador al respecto, pudiéndose probar que en caso de que no las hubiere utilizado (por imprudencia, descuido, etc...) y de haber existido la medida, el accidente se hubiera aminorado o evitado.

Señala el Tribunal que no puede rechazarse la responsabilidad empresarial por negligencia si ha habido falta de cuidado o culpa in vigilando, que haya contribuido al resultado lesivo, pues por imperativo legal -artículos 4.2.d) y 19 del Estatuto de los Trabajadores, y artículos 14 y 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales- el empresario estará obligado a proteger al trabajador incluso de sus propias imprudencias (...). Asimismo, según criterio del juzgador, es razonable pensar que posiblemente con una mayor formación y con la utilización de medios de protección adecuados, el resultado lesivo no se hubiese producido, lo que pone de manifiesto la falta de cuidado o culpa in vigilando empresarial -ello es acorde con lo establecido por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en sentencia de 8 de noviembre de 2004-.

Por tanto, la empresa debe prever, incluso, la ignorancia del trabajador sobre el riesgo al que se ve sometido, siendo fundamental para ello la formación e información en materia de prevención de riesgos. De estar debidamente informado y formado, las consecuencias no resultarán tan gravosas, pudiendo percatarse el trabajador del riesgo existente, extremando el cuidado y utilizando (o, en su caso, solicitando) los equipos de protección adecuados, conforme a la normativa vigente.

Tales obligaciones se encuentran desarrolladas en el Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual y en el Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Existe, por tanto, una obligación expresa por parte de la empresa en la determinación de los puestos de trabajo en los que debe recurrirse a dicha protección, según los riesgos frente a los que puede ofrecerse protección y el tipo de equipo que debe utilizarse. Además debe facilitar información sobre cada equipo y, sobre todo, velar porque la utilización de los equipos se realice conforme a la normativa vigente, debiendo utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente mediante protección colectiva o mediante medios o métodos de organización de trabajo.

Por todo lo anteriormente expuesto, tal y como así establece la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 25 de noviembre de 2005, se puede concluir que el deber genérico de protección de los trabajadores, aunque no sea un deber de vigilancia continuo o absoluto, implica que debe organizarse, procurándose los mecanismos de seguridad necesarios por parte empresarial, en la forma más adecuada a la finalidad de aminorar el riesgo o evitar sus consecuencias.

Así, el empresario debe prever incluso las distracciones o imprudencias, no temerarias, del trabajador (artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales) sin que se pueda estimar que la única causa del accidente fuera la actitud imprudente del trabajador. De este modo, la empresa debe velar por el conocimiento e información de los riesgos propios del trabajo y los productos, así como de sus consecuencias por actitud imprudente, además de proporcionar elementos de protección que eviten y aminoren el riesgo.

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