Jurisprudencia comentada

La responsabilidad en seguridad laboral del cabeza de familia con el personal de servicio en el hogar familiar

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares determina, en su sentencia de 3 de noviembre de 2005, que el deber o deuda de seguridad no es exigible con la misma amplitud en las relaciones entre un cabeza de familia y las personas que prestan en su domicilio servicios encuadrados dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 1424/85, que regula la relación especial del servicio del hogar familiar.
Carlos Mondragón Heredero, Abogado de AGM ABOGADOS
Gestión Práctica de Riesgos Laborales, N.º 27, Mayo 2006, Editorial ESPECIAL DIRECTIVOS

0 comentarios

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares determina, en su sentencia de 3 de noviembre de 2005, que el deber o deuda de seguridad no es exigible con la misma amplitud en las relaciones entre un cabeza de familia y las personas que prestan en su domicilio servicios encuadrados dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 1424/85, que regula la relación especial del servicio del hogar familiar.

El supuesto analizado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia se refiere al accidente sufrido por una empleada del hogar al caer desde una altura aproximada de siete metros, mientras limpiaba los cristales de una ventana de una vivienda particular, causándole, en consecuencia, un traumatismo cervical y una fractura de tobillo.

Considerando la empleada que el cabeza de familia le exigió limpiar los cristales de dicha ventana en condiciones que no garantizaban su seguridad y salud personal ni su integridad física, puesto que era necesaria una escalera para limpiar los cristales superiores y que mientras los limpiaba la trabajadora permanecía en postura inestable y forzada en altura, interpone demanda judicial en reclamación de una indemnización por daños y perjuicios causados.

Ante dicha reclamación, el Tribunal expone, razonadamente, que la existencia de una cobertura económica de las consecuencias del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional que dispensa el sistema de la Seguridad Social, no excluye la posibilidad de demandar al responsable, empresario o tercero, que indemnice el resto de los daños y perjuicios inferidos a la víctima que dicho sistema de prestaciones legalmente tasadas no alcanza a reparar. Ahora bien, dice el Tribunal, mientras la acción protectora de la Seguridad Social se organiza con arreglo a criterios de responsabilidad objetiva, de manera que basta para que opere con la simple constatación de que el trabajador se ha lesionado con ocasión o por consecuencia de su actividad por cuenta ajena, el título de imputación de la responsabilidad civil complementaria es la culpa, en su sentido subjetivista clásico. No es responsabilidad civil objetiva, ni derivada de la creación del riesgo, ni es culpa extracontractual o aquiliana del artículo 1902 del Código Civil, sino responsabilidad culposa contractual por incumplimiento de obligaciones nacidas del contrato laboral, en concreto del incumplimiento del llamado «deber de seguridad», que deriva de la propia relación laboral y se corresponde con el derecho de todo trabajador a una protección eficaz.

En el presente supuesto, señala el Tribunal, que, tratándose de la relación especial del servicio del hogar familiar, la deuda de seguridad no tiene el alcance previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ya que su artículo 3.4 excluye expresamente de su ámbito de aplicación esta relación laboral de carácter especial. Por tanto, señala la sentencia, no puede exigirse al cabeza de familia, que emplea en su propio hogar y sin ánimo de lucro, el conjunto de obligaciones establecidas en la mencionada norma para los empresarios en general, ni exigirse, en consecuencia, la deuda de seguridad con la amplitud que establece dicha normativa. Así, y aunque el artículo 13 del Real Decreto 1424/85, que regula la relación especial del servicio del hogar familiar, obliga al cabeza de familia a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene, esta obligación no tiene el alcance previsto en los artículos 14 y 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que ordenan al empresario la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud, debiendo preverse, incluso, las distracciones e imprudencias no temerarias del trabajador.

Así, considera el Tribunal, que en el presente supuesto la empleada del hogar no establece ni concreta que medida de protección o seguridad se omitió, no pudiendo derivarse la imputación de responsabilidad para el cabeza de familia respecto de quien no se ha acreditado ningún actuar culpable ni, contrariamente a lo establecido para los empresarios en general, le es aplicable con la misma extensión y alcance la deuda o deber total de seguridad que imponen los artículos 14 y 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Siendo escasa la jurisprudencia existente en la materia, cabe reseñar que en el mismo sentido que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares se pronunciaba ya la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha 4 de noviembre de 2003.

En aquel supuesto, el accidente de la empleada del hogar se había producido cuando se encontraba en el domicilio del demandado realizando funciones propias de su actividad, al ir a tender ropa desde la cocina hasta el tendedero, para lo cual tenía que atravesar por un jardín sembrado de césped y que, ese día, se encontraba mojado por la escarcha de la mañana, resbalándose y cayendo al suelo. Aquí, el Tribunal tampoco consideró procedente la reparación del daño causado por cuanto la caída de la empleada del hogar, determinante de su accidente de trabajo, vino motivada por un resbalón a consecuencia de que la hierba del jardín por el que transitaba se encontraba mojada, ello sin que el cabeza de familia incurriera en ningún ilícito laboral. En este sentido, señalaba la sentencia, que no había quedado acreditada la existencia de norma alguna que le obligara a facilitar a la empleada del hogar algún tipo de calzado especial o a construir en el jardín de su casa un camino o sendero de piedra.

Cabe decir que no siempre y en todo caso, el cabeza de familia queda exonerado de responsabilidad civil en supuestos de accidentes de su empleada del hogar. Así, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, de 27 de enero de 2005, dictada por la jurisdicción civil, habitualmente menos exigente a la hora de determinar la existencia de responsabilidad contractual y/o extracontractual en materia de accidentes de trabajo, sí que condena a un cabeza de familia a pagar a su empleada del hogar una indemnización por daños y perjuicios tras un accidente sufrido en su domicilio. En este último supuesto, el accidente aconteció al precipitarse la empleada a un patio de luces mientras limpiaba unas ventanas y al apoyarse sobre un elemento del alfeizar que por su fragilidad o mal estado anterior cedió súbitamente.

La Audiencia determina la existencia de responsabilidad contractual al considerar que la tarea encomendada por la dueña de la casa encerraba un evidente peligro, sin que constara que ordenase a su empleada la adopción de alguna medida de precaución, ni que la adoptara personalmente, ello a pesar de que en aquella posición era previsible la posible caída de la limpiadora. Por otra parte, tampoco puede acogerse el argumento, decía esta sentencia, que la adopción de medidas de prevención correspondiese a la empleada, pues obviamente la asistenta doméstica no es un trabajador autónomo, equiparable a quienes como dueños de una pequeña empresa y por cuenta propia se dedican a la realización de trabajos de pintura, fontanería, albañilería y otros semejantes en las viviendas, sino que la empleada del hogar no deja de ser una trabajadora por cuenta ajena, que ha de seguir las instrucciones o indicaciones de la dueña de la casa.

Así, por tanto, y a modo de resumen, se puede decir que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, de 3 de noviembre de 2005, considera que, tratándose de una relación especial del servicio del hogar familiar, la deuda de seguridad no tiene, para el cabeza de familia, el alcance previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sin que se la pueda exigir con la amplitud que establece dicha normativa para los empresarios en general.

Ahora bien, ello tampoco significa una exoneración completa de toda instrucción o actuación en materia de seguridad y salud. Tal y como establece el propio artículo 13 del Real Decreto 1424/85, que regula la relación especial del servicio del hogar familiar, existe obligación del cabeza de familia de cuidar que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene. Por tanto, se debe señalar que será requisito indispensable para determinar la existencia o no de responsabilidad civil contractual del cabeza de familia, el análisis concreto de cada situación por parte del juzgador y la concurrencia, a su juicio, de una actuación culposa de dicha persona, de acuerdo con las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, según las pautas de comportamiento de un buen padre de familia a que se refiere el artículo 1104 del Código Civil.

Comentarios

Deja un comentario

Accede o regístrate gratis para poder dejar comentarios sobre esta publicación.

Si eres suscriptor de nuestra revista, además tendrás acceso a contenidos exclusivo. Suscríbete.