Jurisprudencia comentada

Consecuencias jurídicas de la actitud pasiva del empresario frente al incumplimiento del trabajador de sus obligaciones en materia de utilización de equipos de protección individual.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, resuelve, en su sentencia de fecha 27 de mayo de 2004, imponer recargo de prestaciones a una empresa por el hecho de haber permanecido pasiva frente al incumplimiento por parte de uno de sus trabajadores de la obligación de utilizar gafas de protección en su trabajo, habiéndose producido, como consecuencia de ello, un accidente de trabajo de carácter grave.
Carlos Mondragón Heredero, Departamento Laboral AGM ABOGADOS
Gestión Práctica de Riesgos Laborales, N.º 16, Mayo 2005, Editorial ESPECIAL DIRECTIVOS

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Consecuencias jurídicas de la actitud pasiva del empresario frente al incumplimiento del trabajador de sus obligaciones en materia de utilización de equipos de protección individual.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, resuelve, en su sentencia de fecha 27 de mayo de 2004, imponer recargo de prestaciones a una empresa por el hecho de haber permanecido pasiva frente al incumplimiento por parte de uno de sus trabajadores de la obligación de utilizar gafas de protección en su trabajo, habiéndose producido, como consecuencia de ello, un accidente de trabajo de carácter grave.

Del relato fáctico de la sentencia, se desprende que el accidente origen de la reclamación instada frente a los Tribunales de lo Social en materia de recargo de prestaciones de seguridad social, se produjo cuando el operario estaba llevando a cabo encofrados en el forjado de la tercera planta de un inmueble, en concreto, se encontraba cortando un tablero en una máquina tonzadora cuando un diente de la sierra se le clavó en su ojo derecho.

Destaca la sentencia analizada que el trabajador no llevaba en el momento del accidente las gafas de protección y que la empresa no había sancionado a ningún encofrador por el hecho de no usar este equipo de protección individual puesto a disposición de los trabajadores.

Justifica la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la imposición del recargo de prestaciones a la empresa demandada en que la misma vulneró el derecho del trabajador accidentado a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, en cuanto que, al amparo de los artículos 4.2 y 19.1 del Estatuto de los Trabajadores y del artículo 14.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la diligencia exigible a un prudente empleador para prevenir e impedir que se produzca una situación de peligro o de riesgo para la integridad física de sus empleados, no queda agotada por haber proporcionado al trabajador los medios de protección necesarios, sino que es preciso que, además, exista un control o vigilancia suficiente que permita garantizar la utilización, por parte del trabajador, de aquellos medios protectores facilitados por el empresario.

Destaca el Tribunal que no cabe exigir al empresario que se convierta en una sombra del trabajador, ni que deba fiscalizar constantemente, minuto a minuto, todas las operaciones ejecutadas por aquél en el seno de su ciclo productivo, ya que dicho control, cuasi policial, permanente y exhaustivo, iría contra la propia dignidad y profesionalidad de los mismos trabajadores, porque supondría tanto como presumir en ellos una falta de sentido común. Ahora bien, no cabe confundir, dice la sentencia, la no exigencia de este deber constante de control del empresario con una conducta permisiva o pasiva ante incumplimientos sistemáticos o frecuentes de las obligaciones a cargo de los trabajadores. En estos últimos casos, el empresario sí que incurrirá en responsabilidad.

Señala el Tribunal que es determinante en la exigencia de responsabilidad del empresario, en el caso enjuiciado, que los operarios de la empresa, pese a disponer de ellos, no empleaban los medios de protección individual, y ello era tolerado pacíficamente por la empresa, que no había sancionado a ningún encofrador por no usar las gafas de que disponían. Es por ello, por lo que la Sala considera que el empresario no agotó todos los medios a su alcance para evitar el accidente.

Por tanto, como ya hemos señalado, no basta con que el empresario ponga a disposición de los trabajadores los distintos medios o instrumentos que puedan prevenir o evitar el riesgo, dejando al arbitrio de aquéllos la utilización de los mismos, sino que la deuda de seguridad que incumbe al empresario implica asimismo que se den las órdenes e instrucciones concretas para su utilización, vigilando y controlando que los operarios hacen uso de los medios de protección puestos a su alcance.

Es importante destacar la referencia que hace la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia al hecho o circunstancia que la empresa no hubiera sancionado a ningún trabajador por no utilizar las gafas de protección proporcionadas y puestas a disposición de los mismos. Es importante pues cabe deducir de la exposición jurídica que efectúa el Tribunal, que el deber de control del empresario sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales por parte de los trabajadores, exige y se extiende, como medida eficaz de aseguramiento de su cumplimiento, a que la misma sancione disciplinariamente a los trabajadores rebeldes o incumplidores.

No comporta novedad alguna, señalar que es costumbre habitual en el seno de las organizaciones empresariales, el no sancionar a trabajadores que incumplen normas en materia de prevención de riesgos laborales, al menos aquellas cuyo incumplimiento no haya originado, de facto, la producción de un accidente o la generación de un riesgo grave para la integridad física de los trabajadores. Es asimismo habitual que dichas actitudes incumplidoras por parte de los trabajadores de una compañía se vean, simplemente, corregidas por los mandos intermedios encargados de la supervisión de los trabajos. Es por ello por lo que cabe preguntarse si el control o vigilancia que permita garantizar la utilización, por parte del trabajador, de aquellos medios protectores facilitados por el empresario, exige, como medio efectivo o al menos, como medio de constancia documental de su ejercicio, la sanción disciplinaria y efectiva del trabajador.

Es decir, que cabe preguntarse si la protección por parte del empresario del derecho a la seguridad e higiene en el trabajo y el derecho a la vida y a la integridad física de los trabajadores que postula la Constitución española en sus artículos 15 y 40, le obligan, correlativamente a que le facultan, a ejercer la potestad disciplinaria reconocida en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, todo ello con el fin de no mostrar una conducta permisiva frente a los incumplimientos contractuales del trabajador.

A estas cuestiones planteadas, y en opinión del que suscribe, debe darse una respuesta afirmativa. Es posible que nuestros Tribunales no exijan una sanción real y escrita al trabajador, puesto que la referencia se suele dirigir, tal y como así ya señalaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 14 de febrero de 2003, tanto a la exigencia de la empresa frente al trabajador del cumplimiento de la medida de seguridad como, alternativamente, a la sanción por su inobservancia. Ahora bien, no cabe duda que la sanción escrita, como prueba documental que constituye, es del todo recomendable en el caso de un posterior procedimiento judicial de exigencia de responsabilidad del empresario. Del mismo modo, la sanción escrita, si más no, representa un deber mayor de diligencia del empresario o, como mínimo, una actitud menos permisiva frente a este tipo de conductas que no una mera amonestación verbal, teniéndose en cuenta, sobretodo el deber de seguridad casi ilimitado que le impone nuestro ordenamiento jurídico al empleador (Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de septiembre de 2004 o del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de 20 de septiembre de 2004). En caso contrario, siempre quedaría ante el Juzgador la duda razonable de que el empresario pudo desalentar, con mayor eficacia, las conductas incumplidoras de los trabajadores si hubiese sancionado, y no apercibido verbalmente, la negativa de los trabajadores a seguir las con las normas en materia preventiva.

En este mismo sentido, Ana Isabel García Salas (1) señala que "el empresario se va a sentir obligado, en primer lugar, porque la amplitud de la obligación general del artículo 14.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales le va a imponer la utilización de todos los medios a su alcance para garantizar la seguridad, y la potestad disciplinaria es uno de esos medios, cuya omisión traería como consecuencia, con toda seguridad, la imputación de responsabilidades dirigidas a él mismo", y Francisco Lozano Lares (2) determina que "la no utilización por parte del empresario de su potestad disciplinaria en el ámbito prevencionista supondría una dejación irresponsable de su posición de garante de la protección de los trabajadores a su servicio e indirectamente una vulneración del derecho subjetivo de los trabajadores a su integridad física, su salud y su vida".

En cuanto la facultad del empresario para sancionar incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de los trabajadores, cabe decir que el artículo 19, apartado segundo, del Estatuto de los Trabajadores, establece que el trabajador está obligado a observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de seguridad e higiene. Asimismo, el artículo 29, apartado primero, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a cada trabajador a velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, todo ello en la medida de sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas. Del mismo modo, el apartado tercero del mismo artículo de la Ley 31/1995, señala que el incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Ha sido objeto de discusión doctrinal el hecho que el citado artículo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales remita, tan sólo, al artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores, esto es, al régimen disciplinario aplicable en la empresa y no propiamente al despido regulado en el artículo 54 del Estatuto. Debe recordarse que el artículo 58, apartado primero del Estatuto, establece que los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable. Ahora bien, ya ha declarado la jurisprudencia, entre ellas la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de fecha 17 de junio de 2004 que, a falta de régimen disciplinario pactado en convenio colectivo conforme al artículo 58.1 del Estatuto, los supuestos de mayor entidad, debido a la gravedad y a la probabilidad del riesgo creado por el incumplimiento del trabajador, podrían ser merecedores, sin discusión, del despido conforme al artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, bien en cuanto constituyan supuestos de desobediencia de órdenes empresariales, bien en cuanto transgresiones de la buena fe contractual. Ahora bien, habrá de aplicarse en todo caso, dice la sentencia señalada, lo pactado en convenio colectivo cuando el régimen sancionador sea más favorable para los trabajadores que el resultante de la aplicación del artículo 54 del Estatuto y, en concreto, en materia de obligaciones preventivas. Esta conclusión es la que debe imponerse dada la redacción del propio artículo 29.3 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que se remite al artículo 58 del Estatuto, sin mencionar o remitir, en momento alguno, al artículo que regula el despido disciplinario.

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Señala el Tribunal que es determinante en la exigencia de responsabilidad del empresario, que los operarios de la empresa, no empleaban los medios de protección individual, y ello era tolerado por la empresa.

A modo de resumen, debe destacarse que, tal y como así establece la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 27 de mayo de 2004 que se ha analizado, la diligencia exigible a un prudente empleador para prevenir que se produzca una situación de riesgo para la integridad física de sus empleados, no queda agotada por haber proporcionado al trabajador los medios de protección necesarios, sino que es preciso que, además, exista un control o vigilancia suficiente que permita garantizar su utilización por parte del trabajador. Entre estas medidas de control, cabría señalar, a modo principal, el uso de la potestad disciplinaria recogida en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores frente a actitudes incumplidoras por parte de los trabajadores que, en el ámbito de las conductas relacionadas con la prevención de riesgos laborales, deja de ser únicamente una facultad empresarial en orden al buen funcionamiento y organización del proceso productivo, para convertirse en una obligación en virtud del deber general y prácticamente ilimitado de protección de la integridad física del trabajador que el ordenamiento jurídico español atribuye al empresario.

(1)

García Salas, Ana Isabel. Directivos y mandos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (2004).

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(2)

Lozano Lares, Francisco. Las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales y su coercibilidad a través del poder disciplinario del empresario. Revista Andaluza de Trabajo, Temas Laborales núm. 50 (1999)

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